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Ulpiano definió la justicia como “la continua y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde”. Es cierto que tal definición, por sí sola, ronda la idea de equilibrio, como también lo hace el Ojo por ojo, la ley a secas que se le adjudica a Benito Juárez o la consigna que los soldados me recitaron en el servicio militar: uno tiene que ser cuate con los cuates y culero con los culeros. La justicia va más allá. La definición de Ulpiano debe apreciarse con miras al bienestar común.
La norma jurídica eficaz es la que, fuera de toda agenda política, mejora la condición de vida de los ciudadanos al cumplirse y aplicarse; por ello, me aterra el peligro constante que corre de perderse en el vacío ineludible que la separa de la realidad. Calderón en el sexenio pasado, Peña Nieto en el actual y los legisladores de los períodos correspondientes se montaron sobre el esfuerzo de los diversos grupos de la sociedad civil que dieron la pauta para la legislación y promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) y la Ley General de Víctimas (2013), las cuales sufren de deficiencias para la vida real: la primera exige sortear una serie de obstáculos burocráticos para que las mujeres obtengan la protección, sin omitir que México continua con tasas altas de feminicidios a nivel mundial, y la segunda carece de los mecanismos y fondos necesarios para cumplir con su objetivo, mientras que la violencia e inseguridad ahorcan al país.
Al legislar con fines político-electorales, los gobernantes condenan a muerte a la ley, la privan del orden público (coexistencia legal pacífica) e interés social (beneficio de la comunidad) que la caracterizan. Sin justicia, la ley es otra culerada hecha por los culeros de siempre.
Hugo Labourdette Durán
